martes, 29 de diciembre de 2009

A Miguel Hrenández

Han sido ellos, o sus padres, o sus abuelos, pero siempre ellos, los obispos, los galones, los señoritos de provincia, los de comunión y absolución por gracia de dios, los dueños de las armas y con ello los dueños de la razón.
En España siempre han sido ellos, aunque ahora quieran echar las culpas a los otros y renegar de su caudillo y de su causa, pero siempre con la boca pequeña mientras con la grande mascullan sus retorcidas atrocidades en contra del hermano pobre al que pretenden esclavizar con los garrotes de la ignorancia.
España aborto de una Castilla de reyes sin patria y de pueblo sin señor, España que sangra por las cunetas con sus hijos ajusticiados, no dejes España que ellos, siempre ellos, sean el martillo que golpea nuestra causa, nuestro sueño de libertad.
PD- Este escrito está dedicado a los bastardos que desde el ayuntamiento de Orihuela han utilizado la memoria de este gran poeta para meter cizaña política en contra de sus adversarios, a esos hijos de perra mi asco, ya no les basta con no reconocer el error de la dictadura, sino que además ahora pretenden utilizar la memoria de los que sus abuelos asesinaron vilmente, o exiliaron, o dejaron morir como perros, pera erigirse en estandartes de la libertad, pero la memoria nunca se extingue allí en donde el viento sopla y al viento no se le pueden poner puertas que lo detengan.


Mareaxenaterra.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN NTERNET

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.